La izquierda transformadora ante el movimiento soberanista

Cuando estalló la crisis económica del capitalismo en 2007, cuando se evidenció que la desregulación económica no era un cuento de hadas, la izquierda transformadora pensó que había llegado su momento, que de forma espontánea la población exigiría un mayor control público (y democrático) de los procesos económicos y en eso llegó el nacionalismo. El nacionalismo de los países más ricos de Europa que no querían asumir la deuda de los más pobres, el nacionalismo de los catalanes hartos de recibir de España menos de lo que aportan, el nacionalismo de los españoles que consideran que las reivindicaciones catalanas constituyen un acto de deslealtad. La historia no es nueva, basta recordar el ascenso del nacionalismo en el periodo de entre guerras.

La crisis en Catalunya fue acompañada por el tedioso desenlace del proceso de reforma del Estatut de Autonomía que catapultó el soberanismo catalán hasta cuotas que habrían resultado inverosímiles tan solo un decenio atrás. La centralidad que ha ido ocupando la cuestión nacional en el debate político del país y del resto del Estado no es casual y ha sido utilizado acertadamente por las distintas burguesías como cortina de humo ante las agresiones al estado del bienestar que han ido cometiendo sin ningún tipo de confrontación de por medio o, peor aún, con una lealtad que se resume en el tópico de que Catalunya ya ha hecho sus deberes; ¿los deberes para quién? Todo esto es cierto pero, sin embargo, acertaba el joven Marx cuando decía que interpretar el mundo no es suficiente sino que es necesario transformarlo, y la izquierda transformadora catalana (también la española pero ese es otro debate) se ha limitado a dar explicaciones a esa realidad dando rienda suelta a la derecha para hegemonizar la movilización ciudadana.

Ante la recurrente pregunta de si respaldaría un eventual proceso independentista en Catalunya, la izquierda transformadora se ha limitado a contestar mecánicamente, que la respuesta a la dichosa pregunta dependía de quién dirigiera ese proceso y de sus objetivos, situándose, de facto, fuera de la sociedad. La izquierda ha repetido machaconamente que solo apoyaría aquellos procesos soberanistas que llevaran aparejados un proyecto social ambicioso que dé respuesta a las necesidades de una ciudadanía agonizante ante los estragos de la crisis económica y de su gestión por parte de los gobiernos. Como casi siempre, la izquierda acierta en la respuesta pero no en la pregunta, puesto que, al fin y al cabo, lo que preocupa a los y las catalanas y, especialmente, a las clases populares no es qué apoyaría la izquierda ante un eventual escenario sino cuáles son sus propuestas. Como en la fábula del rey desnudo, la izquierda catalana ha perdido la capacidad de dirigir políticamente el país y, visto lo visto, parece que nadie se lo haya dicho.

La izquierda tiene que asumir su posición subalterna en el proceso de construcción nacional catalana del mismo modo que lo hizo el pujolismo en el tardofranquismo[1] con unos resultados de sobras conocidos. No se trata pues de disuadir a la población de apoyar un proceso de secesión dirigido por la burguesía catalana (eso, desgraciadamente para los que nos definimos de izquierdas, ya no está en sus manos) sino de participar en dicho proceso y de confrontar con la derecha dentro del mismo para evitar que el discurso convergente sea el único existente y que sus creencias se eleven a la categoría de norma o, para decirla a la manera de Gramsci, de sentido común.

Ahora bien, para lograr una participación fructífera en el movimiento soberanista, para que la confrontación ideológica con la derecha nacionalista sea efectiva, para que el Estado resultante dé respuestas a los problemas de la inmensa mayoría de los y las catalanas; la izquierda transformadora debe tejer complicidades con las demás tradiciones de la izquierda hasta situar un programa y una agenda común. Nos jugamos mucho con ello.

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[1] Cuenta Toni Salado en su último artículo que Jordi Pujol se dirigió al histórico dirigente del PSUC Guti con las siguientes palabras:  "Guti, no et pensis que sòc tonto. Jo ja sé que rera l'Assemblea de Catalunya i  "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia" esteu els comunistes!. Però això i el tema de "Catalunya, un sol poble", a nosaltres també ens interessa per construir Catalunya un cop estiguem en democràcia..."

¿Por qué se puede hablar de Golpe de Estado en Paraguay?

El pasado viernes 22 de junio fue destituido Fernando Lugo de la presidencia del Paraguay, desatando un intenso debate entre quienes sostienen que la destitución fue constitucional y quienes, en cambio, reprochan que se trata de un golpe de estado. Con el presente artículo trataremos de explicar porqué la destitución del presidente Lugo está al margen del régimen constitucional paraguayo y representa, de facto, un golpe de Estado.

El principal argumento esgrimido por los golpistas para justificar la destitución del Presidente de la República del Paraguay fue que fue aprobada por una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso y, por ende, existía una mayoría democrática para destituir al presidente. Según algunos analistas dicha mayoría (“amplia” se apresuran a decir) justificaría o, por lo menos, matizaría el hecho que el proceso utilizado, el juicio político, fuera, como mínimo “excepcional” o “precipitado” en palabras de la editorial de El País del 24 de junio.

Sucede, sin embargo, que el sistema político de Paraguay es una República presidencial y, por consiguiente, el Parlamento no es el encargado de escoger al presidente, como en el Reino de España, sino que éste es escogido de forma directa por sufragio universal. Bajo esta perspectiva, el hecho que existiera una amplia mayoría parlamentaria a favor de la destitución del presidente no implica, ni mucho menos, que existiera una amplia mayoría democrática. La única mayoría democrática legítima para escoger al presidente es el pueblo paraguayo.

Conviene notar, por tanto, que un juicio político no es, como se desprende de algunos análisis, el equivalente a una moción de censura, sino un proceso en el que el Parlamento es el encargado de juzgar la culpabilidad de delitos considerados graves.  Lo relevante no es si el Parlamento está de acuerdo o no con la actuación del presidente, sino si dicha actuación constituye un delito grave y para ello es necesario aportar pruebas. Dichas pruebas figuran, es un decir, en el tercer párrafo del Acto Acusatorio que reproducimos a continuación:

Pruebas que sustentan la acusación:

Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.

Efectivamente, el Acto no presenta ni una sola prueba de la acusación que se hace al presidente Lugo.  Parecería una broma si no fuera porque lo que está en juego es la democracia de Paraguay y de la región. La partidocracia paraguaya ha vulnerado la separación entre el poder Ejecutivo -ejercido por el Presidente- y el Legislativo –ejercido por las dos cámaras del Congreso- vulnerando la separación de poderes recogida en el tercer artículo de su Constitución de 1992.

La destitución del presidente Lugo es, en definitiva, anticonstitucional de modo que, no sólo se puede hablar de Golpe de Estado en Paraguay sino que es nuestra obligación democrática hacerlo.

La incertidumbre de Keynes en tiempos de crisis

Cuando se celebraron 70 años de la publicación de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, todo hacía pensar que la obra y pensamiento de John Maynard Keynes había quedado relegado al estudio del pasado y que poco tenía ya para decir el viejo Keynes. La economía neoclásica se había consolidado como hegemónica en la investigación económica y sus recomendaciones habían penetrado en las políticas de la mayor parte de gobiernos e instituciones constituyéndose en ese dichoso mainstream que tanto gusta recordar a unos y otros. La economía crecía a medida que los mercados se iban integrando, el desempleo bajaba y sólo unos pocos cuestionaban ese proceso que pasó a llamarse como “globalización”. ¿Se acuerdan del término? Lo encontrábamos hasta en la sopa, como hoy encontramos “austeridad”, pero no adelantemos acontecimientos. Todo hacía pensar que la clásica batalla de Keynes vs Hayek acabaría decantándose del lado del austríaco:

Pero en 2007 estalló la crisis financiera y con ella, el paradigma de la autorregulación de los mercados que preconizaba la escuela neoclásica. El número de citas de Keynes en el New York Times se triplicó pasando de 21 en 2006 a 61 en 2008. El fenómeno no era aislado; en ese mismo período en el francés Le Monde, las citas de Keynes pasaron de 17 a 58 mientras que en el alemán Spiegel pasaron de 8 a 30. ¿Somos, otra vez, todos keynesianos[1]?

Para responder a esta pregunta puede ser útil recordar cuál es el problema que trató de resolver Keynes: el desempleo. Mientras escribía su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, el Reino Unido sufría un desempleo masivo; de modo que podría ser natural que el aumento del desempleo produjera un aumento en el interés por la obra de Keynes. El siguiente gráfico nos da la razón:

Cuando sube el desempleo, sube el número de artículos en NYT que citan a Keynes. De hecho, si hacemos una regresión del número de artículos respecto al desempleo obtenemos el siguiente resultado: por cada punto porcentual que sube el paro en Estados Unidos, el NYT publica 9 noticias más citando a Keynes[2]: A nadie debería extrañarle, por tanto, el retorno de Keynes en la crisis surgida del colapso financiero de 2007-2008.

Más allá de constatar la vigencia de Keynes, puede ser interesante centrarnos también en caracterizar aquellas cuestiones de su pensamiento que pueden resultar más útiles para comprender la crisis económica. Entre las distintas cuestiones que propone Robert Skidelsky en su artículo “The Relevance of Keynes”, destacaremos el papel de la incertidumbre. Sería exagerado afirmar que las demás cuestiones propuestas en el artículo de Skidelsky como el debate sobre el estímulo, la reforma del sistema monetario internacional, la nueva economía política keynesiana o el estado de la economía, son un simple corolario del papel de la incertidumbre. Sin embargo, la incertidumbre es una cuestión central como trataremos de demostrar a continuación.

Una de las causas más repetidas sobre la crisis actual es que los agentes  no calcularon bien el riesgo de las operaciones financieras que estaban ejecutando ya sea por las malas prácticas de éstos, por ejemplo, ocultando información sobre las mismas (las famosas hipotecas subprime o, más explícitamente, basura), ya sea por la negligencia de los gobiernos. Detrás de esta línea argumental subyace la discutible idea, según la cual, el riesgo no sólo puede calcularse bien sino que se le puede asignar un valor monetario probabilístico à la Black-Scholes.

Para Keynes, en cambio, hay situaciones a las que no se les puede dar un valor monetario probabilístico, por la sencilla razón que las probabilidades no siempre son posibles de medir y a estas situaciones les llama incertidumbre. Habrá quien le discuta la falta de formalidad pero conviene recordar que la primera obra del joven Keynes fue precisamente su Tratado sobre probabilidad y que la teoría matemática sobre la que se fundamenta la teoría de la probabilidad moderna es la teoría de la medida y ésta a principios del siglo XX ya demostró que existían conjuntos no medibles y, por consiguiente, a los que no se les podía asignar ninguna probabilidad.

Para Keynes, por lo tanto, la incertidumbre no es producto de la falta de información de los agentes que no les permitiría calcular correctamente las probabilidades, si no la naturaleza misma del comportamiento de unos agentes cuyas acciones  “depend on spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether moral or hedonistic or economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the full consequences of which will be drawn out over many days to come, can only be taken as the result of animal spirits – a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities”[3].

Las consecuencias teóricas son evidentes: si asumimos que es posible asignar un valor probabilístico a las posibles situaciones, los agentes económicos serán capaces de anticiparse a las mismas. A efectos prácticos, que estas anticipaciones sean más o menos acertadas o sea, que la varianza de las probabilidades sea menor o mayor, tiene poca importancia desde el punto de vista de la teoría económica, puesto que en términos agregados, la actuación será la esperada. Esta asunción nos lleva de forma natural, a la teoría de expectativas racionales introducida por John F. Muth y popularizada por Robert Lucas.

La cuestión de cómo se forman las expectativas no es baladí puesto que las expectativas determinan las acciones de todos los agentes económicos. Con expectativas racionales, los agentes esperarán aquello que acabará sucediendo. El papel de la regulación en un escenario semejante solo puede ser empeorar las cosas. La realidad, sin embargo, a veces es tozuda y la crisis económica llegó precisamente en un contexto económico cada vez más desregularizado. Y llegó aunque Lucas afirmara en 2003 que “macroeconomics in this original sense has succeeded: Its central problem of depression-prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades.”[4].

Recuperar a Keynes hoy significa, por tanto, recuperar el misterio de la incertidumbre frente la seguridad del riesgo. No se trata de controlar el riesgo abogando por una mayor transparencia de los activos financieros o por unas mejores aptitudes de los reguladores bancarios y de los políticos. Se trata de asumir que los agentes económicos no calculan qué pasará en el largo plazo porque es imposible saberlo y que por tanto los Estados deben jugar un papel más activo.

Notas:
[1] “We are all keynesians now” es una famosa frase atribuida a Milton Friedman en 1965.
[2] Notemos, sin embargo, que la regresión efectuada puede presentar el problema de omisión de variables.
[3] Keynes (1936).
[4] Lucas (2003)


Referencias:
Lucas, Robert (2003). Macroeconomic priorities, American Economic Review, vol. 93, pp. 1–14.
Skidelsky, Robert, 2011. The relevance of Keynes. Cambridge Journal of Economics 35, 1-13
Keynes, John M., 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money. London. Macmillan. pp. 161-162.

Becas universitarias: ¿por rendimiento académico o por renta familiar?

¿Es positivo vincular las becas universitarias al rendimiento académico? Planteada así, la propuesta del ministro Wert parece acertada. Al fin y al cabo, es justo exigir a los estudiantes que cumplan con sus obligaciones cuando disfrutan de una educación sufragada por el conjunto de la sociedad. Si una persona no tiene las aptitudes necesarias para cursar una carrera universitaria, es ineficiente asignarle recursos públicos para que lo haga, más aún en un contexto de crisis económica como la que sufre España en la actualidad. Sucede, sin embargo, que las becas no sólo afectan a quien las está disfrutando sino también a quien tendría expectativas de disfrutarla y, desde ese punto de vista, la propuesta de Wert es mucho más discutible. Veámoslo.

Cuando un estudiante valora la posibilidad de cursar o no estudios universitarios tiene en cuenta varios factores. Tenemos, por un lado, el interés por el objeto de estudio (educación como consumo) y, por el otro, el análisis de costes y beneficios (educación como inversión).  Estos factores no afectan por igual a toda la población; según un estudio del Institute for Employment Studies, los estudiantes de clases sociales más bajas tienden a valorar más la educación como inversión[1]. Una modificación del sistema de becas supone una alteración de los costes de modo que nos centraremos en el análisis de costes y beneficios.

En toda decisión sobre un rendimiento futuro las expectativas juegan un papel relevante. Condicionar la renovación de las becas al rendimiento académico implica que el estudiante que está pensando si ir o no ir a la Universidad, formará unas expectativas sobre las opciones que tiene de cumplir las exigencias académicas establecidas para la renovación de la beca. Se podría argumentar que esto es positivo puesto que no tiene sentido que la universidad se llene de estudiantes incapacitados pero este argumento olvida que las expectativas no son objetivas sino que son subjetivas. De hecho, siempre según el estudio citado, los estudiantes de clases sociales más bajas tienen menor confianza en su capacidad para tener éxito en la educación superior que los de las clases sociales más altas. Tenemos, por tanto, que los estudiantes de clases sociales más bajas tendrán mayor tendencia a pensar que no les será renovada la beca cuando toman la decisión de realizar o no carrera universitaria.

Por si esto no fuera suficiente, los estudiantes de clases sociales más bajas tienen también más adversión al riesgo de endeudarse. El motivo es simple: el monto total de la deuda derivada de cursar estudios universitarios supone una cuantía mayor en proporción con la renta familiar. Además, los más “valientes” tienen que lidiar con la severa escasez de crédito que caracteriza la situación económica española actual. Esta mayor adversión al riesgo de la deuda amplifica el impacto de la menor confianza en el rendimiento propio de los estudiantes de rentas más bajas.

Hemos visto, en definitiva, que los programas de becas condicionados al mérito académico pueden provocar una barrera social para la entrada a la Universidad. Conviene notar que esta barrera no implica, ni siquiera, premiar a los estudiantes con mayores méritos académicos puesto que los motivos que les impiden entrar a la universidad son la falta de confianza y la falta de recursos económicos. Teniendo en cuenta el papel que juegan los estudios en la conformación de los salarios, la propuesta del ministro Wert daría argumentos a los defensores de la Escuela Radical.

Para concluir, recordaremos que la política de becas no debería tener como principal objetivo premiar a los estudiantes por su rendimiento académico sino garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación superior tal y como aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200. Las personas con rentas más altas, incluso aquellas con expedientes académicos brillantes, no condicionan la realización de estudios universitarios a la obtención o no de una beca; de modo que el programa de becas por mérito no supone un incentivo para que estudien y se trata, sencillamente, de una transferencia de dinero público a las familias con mayor poder adquisitivo.

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[1] Connor H, Dewson S, with Tyers C, Eccles J, Regan J, Aston J. Social Class and Higher Education issues affecting decisions on participation by lower social class groups. Research Report RR267, Department for Education and Employment, March 2001.

La llibertat de Joan Margarit

La llibertat és la raó de viure,
dèiem, somniadors, d’estudiants.
És la raó dels vells, matisem ara,
la seva única esperança escèptica.

La llibertat és un estrany viatge.
Són les places de toros amb cadires
damunt la sorra en temps d’eleccions.
És el perill, de matinada, al metro,
són els diaris al final del dia.

La llibertat és fer l’amor als parcs.
La llibertat és quan comença l’alba
en un dia de vaga general.
És morir lliure. Són les guerres mèdiques.
Les paraules República i Civil.
Un rei sortint en tren cap a l’exili.
La llibertat és una llibreria.
Anar indocumentat. Són les cançons
de la guerra civil.
Una forma d’amor, la llibertat.

La amenaza de conflicto en la introducción del sufragio en la España del s.XIX

Resumen

En este artículo contrastamos, para el caso español, la hipótesis de Acemoglu y Robinson (2000) según la cual la extensión del sufragio se debió a la amenaza de una revolución. Para hacerlo analizamos la historia de España desde 1808 hasta 1870. En contra de lo ocurrido en otros países, en España las clases oligárquicas identificaron la extensión del sufragio con un mayor riesgo de revolución, de modo que su respuesta ante la amenaza de conflicto fue el absolutismo. La burguesía, por lo contrario osciló entre la extensión del sufragio con el resto de la población y la colaboración con la oligarquía para mantener su estatus económico.

Introducción

¿Por qué la élite política de un país querría extender el derecho a voto a sectores más amplios de la población? Aidt y Jensen (2011) tratan de responder a esta pregunta analizando la evolución del censo electoral en Europa entre 1820 y 1938. Su hipótesis, basada en el trabajo seminal de Acemoglu y Robinson (2000), es que las clases gobernantes extienden el sufragio para evitar una revolución que aún les perjudicaría más.

¿Es esta hipótesis aceptable para el caso español?  Una primera aproximación nos indica la ambición de nuestra pregunta: en el siglo XIX España escribió hasta 8 constituciones: Carta de Bayona (1808), Constitución de Cadiz de 1812, Estatuto Real de 1834, Constituciones de 1837, 1845, 1856 (no promulgada), 1869 y 1873. Por si la cantidad de constituciones no fuera suficiente, debemos tener en cuenta que la concatenación de constituciones no significó un progreso en la democratización del país y, en particular, en la extensión del sufragio sino que implicaron indistintamente períodos de progreso y de retroceso democráticos. Basta decir que la Constitución de Cadiz ya contemplaba una forma indirecta de sufragio universal masculino[1].

Si España ya era different en la proliferación de Constituciones a lo largo del siglo XIX, no lo es menos en la organización de eventos revolucionarios; de acuerdo con las fuentes de Aidt y Jensen (2001), hubo hasta 11 sucesos revolucionarios en España a lo largo del XIX: sublevación del coronel Riego en 1820, Revuelta de los “Malcontents” en 1827, Quema de Conventos entre 1835 y 1836, Revuelta del General Espartero en 1840, Levantamiento en Barcelona en 1842-43, Revuelta de Espertero y O’Donnel 1854-56, Sublevación del Cuartel de San Gil en 1866, Revolución de 1868, Alzamiento Carlista 1873-74, revueltas anarquistas de 1890.

Como el lector podrá intuir, en un contexto como el que hemos presentado, es muy complicado extraer conclusiones sobre los determinantes de la extensión del sufragio que sean aplicables a lo largo de todo el período estudiado. Los resultados e hipótesis que presentaremos a continuación deben interpretarse, por consiguiente, con la oportuna cautela.

Antecedentes (1789-1837)

Para entender el sistema político de la España de principios del siglo XIX y su posterior evolución hay que caracterizar el poder económico y político que tenía la nobleza y la iglesia en detrimento del resto de la población y, en particular, de una burguesía que en otros países de Europa como Inglaterra, Holanda o Francia, “participaba en la dirección del Estado con una fuerza cada vez mayor”[2] : el tipo de Estado era la monarquía absoluta y entre nobles y la Iglesia poseían dos terceras partes de las tierras. Esta relación de propiedad les proporcionaba rentas (poder económico) e influencia (poder político)  a través de los derechos señoriales.

Contrariamente a lo que el modelo de Aidt y Jensen postularía, el efecto que tuvo la Revolución Francesa de 1789 sobre las capas dirigentes españolas (rey, nobleza e iglesia) no fue una concesión de poder político a las clases subalternas para evitar la revolución sino que identificaron las tímidas reformas ilustradas a un mayor riesgo de revolución de modo que actuaron en la dirección opuesta: “Todos los reformistas son separados del gobierno y la administración. En 1790 se cierra la frontera con Francia, y poco después se suprimen los periódicos, se limitan las Sociedades de Amigos del País y se reactiva la Inquisición, que en su celo, no sólo prohíbe las obras de Rousseau y Montesquieu, sino también las de Cervantes.”

Si que parece, sin embargo, que la guerra tuvo un efecto positivo para la extensión del sufragio tal y como sostienen Aidt y Jensen (2011)[3]. Este efecto lo podemos observar tanto en el Estatuto (no promulgado) de Bayona de 1807 como en el sistema electoral de la Constitución de Cádiz de 1812. La justificación que dan Solé Tura y Aja (1977) al carácter progresista[4] del Estatuto de Bayona de 1807 era el hecho que Napoleón era consciente que un sistema político menos representativo podría generar un rechazo adicional en España puesto que podía ser percibido como una imposición exterior y, sus gobernantes, como unos usurpadores del poder político. La tímida extensión del sufragio respondía, por lo tanto, a un intento de legitimar una injerencia extranjera.

Esta justificación, sin embargo, no es extrapolable a la extensión[5] del sufragio incluida en la Constitución de Cádiz de 1812. Para entender dicha Constitución hay que tener en cuenta que la resistencia contra la invasión Napoleónica contaba con el Clero y la Nobleza que buscaban el retorno al absolutismo pero también con sectores liberales e ilustrados que vieron la oportunidad de iniciar un proceso de reformas. El pueblo que fue el principal responsable del alzamiento popular era partidario de muchas de las reformas de los liberales pero compartía con los absolutistas el “retorno del rey y el establecimiento de la religión”[6].

La propia estructura organizativa de la resistencia, organizada entorno a Juntas locales y provinciales que se coordinaban a través de una junta central creemos que es fundamental para entender la extensión del sufragio de la Constitución de 1812. A pesar que éstas de disolvieran en 1810, la soberanía nacional ya se había ejercido de modo que en la negociación con los absolutistas, la burguesía tuvo una correlación de fuerzas favorable.

En definitiva, la propia organización de los alzamientos para tomar el poder político, condiciona la organización política posterior a una hipotética victoria y cuando estos alzamientos no parten del ejército sino de las clases populares, la organización se realiza bajo formas democráticas que son recogidas en el régimen resultante.

La extensión del sufragio

Hasta 1837 no se volvería a un nivel de sufragio comparable con el de la Constitución de Cádiz. A continuación veremos la evolución del censo sobre el total de la población de las reformas electorales sucesivas.  El objetivo de nuestro estudio no es analizar los determinantes de la evolución del sufragio sino de su extensión, de modo que nos limitaremos a analizar los determinantes de las ampliaciones de 1837, 1854, 1870.

[7]

Entre el Estatuto Real de 1834 y la Ley Electoral de 1837, el sufragio se amplia del 0,15% de la población hasta el 2,2%. Según Sánchez Agesta (1955), el argumento esgrimido por los constituyentes para justificar el cambio de sistema electoral era la necesidad de “extender el número de electores inmediatos para impedir el soborno de los compromisarios”.  Esta extensión, sin embargo, no podía extenderse demasiado puesto que, como afirmó en las Cortes el progresista Antonio González: “Y así es que los de las clases proletarias, que no tienen toda la independencia que deben tener para dar su voto en los colegios electorales, no tendrán ciertamente ese derecho. ¿Y por qué? Porque eso mismo favorece la causa  de la libertad, pues un individuo que no tiene independencia se puede conocer cuan fácil sería que vendiese su voto”.  Cabe mencionar, sin embargo, que los progresistas (principales valedores de la extensión del sufragio) perdieron las elecciones.

 Viendo los resultados de las elecciones, hay argumentos más sólidos.  Solé Tura y Aja afirman que “la constitución de 1837 intentaba implantar en España un sistema parlamentario semejante al francés o al belga, en los que se inspira ampliamente” hecho que justificaría la hipótesis de Persson y Tabellini (2009) según la cual la decisión de introducir democracia por las élites políticas de un país podrían condicionar la decisión de democratizar otros países.  

La ley electoral de 1846, promulgada por los moderados dentro de un nuevo proceso constitucional, significó un descenso significativo del censo electoral hasta el punto que, según Josep Fontana (2006), “permitía llegar a diputado con poco más de 60 votos”.  Según Solé Tura y Aja (1977), “el régimen moderado se consolida porque concede a la oligarquía agraria y financiera las riendas del poder, permite a la burguesía, que mantiene en segundo plano dentro del Estado, una acumulación de capital segura gracias a la regulación estrictísima del orden público y a la represión sobre el movimiento obrero así como a ciertas mejoras en la infraestructura económica. “.

Esta consolidación, sin embargo, significó que los progresistas dejaran de confiar en las elecciones para conseguir el poder político, creando las bases para la revolución de 1854. Los progresistas (participantes en al revolución) tenían interés en volver a ampliar el censo y así lo hicieron. No estamos, por consiguiente, ante una concesión de sufragio, sino ante una imposición de los progresistas para mantener su poder político. Conviene notar que aunque el censo aumentara de 1837 a 1854, este aumento no se debe a un cambio legislativo sino a la evolución de la sociedad española que permitió que más ciudadanos cumplieran con los requisitos para votar recogidos en la ley de 1837.  Esta observación no contrastaría tampoco la teoría de la modernización puesto que la implicación entre el aumento de la riqueza y el aumento del censo no se da por motivos políticos sino, más bien, por rigidez legislativa.

Analicemos, por último la extensión del sufragio de 1870.  La reforma de 1870, una vez más, no es el resultado de una cesión directa por parte de las élites dirigentes sino de una revolución; en este caso la de 1868, más conocida como “La gloriosa”. Dicha revolución tiene dos determinantes: la crisis económica mundial que afecta a España en 1866 y la falta de representatividad del régimen[8]. Estos determinantes permitieron forjar una amplia alianza que iba desde el movimiento obrero hasta sectores de la burguesía no representados políticamente por el régimen isabelino; un régimen que, según Solé Tura y Aja “sirvió para consolidar a la oligarquía –unas 500 familias se decía- compuesta por latifundistas, banqueros, especuladores y, en parte, industriales”.

La ley electoral de 1870, de acuerdo con la Constitución de 1869, responde a esa amplia alianza antioligárquica pero esta alianza no es suficiente para explicar la extensión del sufragio hasta el sufragio universal (basta el ejemplo de la Constitución de Cádiz).  En 1869, a diferencia de 1812, el pueblo no sólo participó en la caída del régimen precedente sino que éste había roto los lazos con la oligarquía. Hay distintos factores que pueden explicar este cambio: el efecto de las revoluciones de 1848 que acabaron con la Europa de la restauración, la creación del partido republicano y demócrata como consecuencia del hartazgo de sectores de la pequeña burguesía hacia el partido moderado y progresista o la frustración de los campesinos por no poder acceder a los beneficios de la desamortización (sucesos del Arahal, sublevación de Loja, etc.).

Hay que notar, sin embargo, que a pesar de que el sufragio universal llegara como consecuencia de una revolución, puede interpretarse como una cesión. Al fin y al cabo quien introduce el sufragio universal para la elección de las Cortes Constituyentes de 1869 es el gobierno provisional designado por el general Serrano y no las distintas Juntas organizadas para derribar al régimen.  Según Solé y Tura (1977): “El gobierno provisional, al tiempo que privaba de poder a las juntas, ponía rápidamente en marcha un programa de reformas gubernamentales y convocaba elecciones constituyentes, no sin antes pronunciarse a favor de la fórmula monárquica; (…) el derecho de reunión y asociación y el sufragio universal son inmediatamente aprobados por sucesivos decretos del gobierno provisional.”. Esta interpretación podría ser compatible con al hipótesis de Acemoglu y Robinson, según la cual, la extensión del sufragio se debió a la amenaza de una revolución.

Conclusión

Hemos analizado el periodo desde 1808 hasta 1870 y hemos visto que los determinantes de la extensión del sufragio no son homogéneos pero tienen una característica común. Las principales extensiones del sufragio en España (1812, 1837, 1854 y 1870) se dan después de guerras, alzamientos militares o revoluciones.

La aristocracia ligada al absolutismo no extiende el sufragio por miedo a una revolución sino como consecuencia de ésta. La burguesía, en cambio, oscila entre la alianza con la aristocracia para consolidar su poder económico y político limitando la extensión del sufragio y la alianza con las clases más populares extendiendoles el sufragio para evitar una revolución de éstas.

Nuestro estudio, además, respalda la tésis de Janowitz según la cual la guerra tendría un efecto positivo en la extensión del sufragio y es compatible con la teoría aprendizaje social de  la de Person y Tabellini.  Queremos constatar, por último, que en el estudio no hemos tenido en cuenta las limitaciones de la participación electoral en España, unas limitaciones que quedan reflejadas en el hecho que todas las elecciones celebradas entre 1836 y 1931 fueron ganadas por el gobierno que las convocaba[9]. Dichas limitaciones deberían ser incorporadas en futuros estudios.

 

Bibliografía

Acemoglu, D. y Robinson, J. «Why did the West extend the franchise? Growth, inequality and democracy in historical perspective.» Quaterly Journal of Economics 65, 2000: 1167-1199.

Aidt, T. y Jensen, P. «Workers of the World, Unite! Franchise Extensions and the threat of Revolution in Europe, 1820-1938.» CESifo Working Papers 3417, 2011.

Fontana, J. «El Partido Popular y la Constitución de Cádiz.» El País, 19 de febrero de 2006.

Moliner, A. «Liberalismo y democracia en la España del siglo XIX: las constituciones de 1812 y 1869.» Revista de historia Jerónimo Zurita 85, 2010: 167-190.

Sánchez Agesta, L.  Historia del constitucionalismo español, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1955.

Solé Tura, J. y Aja, E. Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936). Madrid: Siglo veintiuno, 1977.

Persson, T y Tabellini, G. «. Democratic capital: The nexus of political and economic change.» American Economic Journal: Macroeconomics 1(2), 2009: 88-126.

Varela, J. «Propiedad, ciudadanía y sufragio en el constitucionalismo español (1808-1845).» Historia Constitucional N. 6, 2005.

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[1] “La Constitución gaditana introduce los principios de unicameralidad (art. 27), la responsabilidad ministerial (secretarios de despacho) y la inviolabilidad de los diputados. La representación de la nación se establece en las Cortes mediante la elección en cuatro grados (vecinos, electores de parroquia, de partido y diputados de provincia): sufragio universal masculino y directo el primero, indirecto los restantes (arts. 45,75 y 91). Se excluye a quienes no tengan una determinada posición económica para ser diputado (art. 92). La duración de la legislatura es de dos años. En la representación se excluye a la mujer, castas americanas y sirvientes domésticos (arts. 29 al 92).” Moliner (2010)

[2] Solé Tura y Aja

[3] Los autores se basan en los trabajos de Janowitz (1976) y Ticchi y Vindigni (2009)

[4] El carácter progresista del Estatuto de Bayona debe ser considerado en su contexto histórico tal y como sugieren Solé Tura y Aja (1977): “El Estatuto de Bayona organizaba España como monarquía limitada y hereditaria, en que el monarca –José I- continua ocupando el centro del poder político, pero con la obligación de respetar los derechos ciudadanos proclamados en el texto y la necesidad de contar con la voluntad de instituciones embrionariamente representativas, reguladas también por la constitución. Significaba un paso importante respecto al absolutismo hasta entonces vigente.””

[5] “La residencia constituye la única condición para ser elector y candidato –aunque se prevé una exigencia de renta para éstos- y el sistema es indirecto en cuatro grados: vecinos, electores de parroquia, electores de partido y diputados.” Solé Tura y Aja (1977)

[6] Solé Tura y Aja (1997)

[7] Datos de Solé Tura y Aja (1977)

[8] “la represión continua siendo la única respuesta ante las críticas y aspiraciones políticas de los sectores no incluidos directamente en el gobierno”. La contradicción del régimen oligárquico y conservador resulta irresoluble y desde 1866 hasta la revolución hay un estado de excepción casi continuo” Solé Tura y Aja (1977)

[9] Fontana, J. (2006)

Paseos con mi madre

Durant els darrers dies he llegit "Paseos con mi madre" de Javier Pérez Andújar. Es tracta d'un llibre que difícilment pot ser classificat en cap dels gèneres habituals ja que recorre la novela, l'autobiografia i l'assaig com tan bé feia el Pier Paolo Pasolini de les Cartes Luteranes.

No és tampoc senzill enumerar les qüestions que l'autor planteja al lector que van des de l'evolució de les lluites obreres a Catalunya, la configuració urbanística de la periferia Barcelonisme, l'ús social del català i la funció de la llengua, el desencant d'una generació cap a la lluita política (lluita política que, en el San Adrián de Pérez Andújar, porta les sigles del PCC).

Us deixo per tant amb la ressenya d'Albert Recio i aprofito per recomenar-vos la seva lectura.

La literatura ha sido terreno casi exclusivo de las clases dominantes. La mayoría de personajes literarios son de alta y media extracción social, como mucho aventureros y desclasados. La población obrera es una de las grandes ignoradas. Excepto en la literatura épica revolucionaria su papel es casi siempre de figurante. Basta repasar la geografía espacial y social producida en mi ciudad, Barcelona, para ver el desequilibrio existente entre la estructura social y lo que se lee en los libros. La clase obrera no tiene quien le escriba.

La obra que recomiendo no pretende cubrir este vacío. Como todo lo que he leído y oído de su autor tiene la suficiente modestia y seriedad para no presentarse como representante de nada. Pero explica más las vivencias reales de un espectro concreto de la clase obrera de la conurbación barcelonesa que muchas de las visiones míticas de la intelectualidad de izquierdas. Y es que lo que se escribe sale de la experiencia vital del propio autor, de su vivencia como hijo de inmigrantes andaluces en Sant Adrià del Besós, de lo que significó la transición para una clase obrera primero ascendente y despues derrotada. De la complejidad que supone el vivir en los márgenes de la metrópoli, el sentirse de fuera y, a la vez, el insertarse en la misma gracias a la educación. Las vivencias personales que Pérez Andújar relata de sus amigos, el alejamiento de la acción política y el refugio en una honesta actividad cultural explican mejor que en ningún lado el proceso que ha ocurrido en otros muchos barrios obreros de la periferia. El itinerario moral, cultural y personal que refleja es también el que puede encontrarse en otras zonas obreras de la ciudad, como mi querido Nou Barris. El autor no pretende adoctrinar, ni presentarse como un representante de nada, pero precisamente por ello consigue verter una reflexión y plantear un cuadro social que junto al goce de la lectura da muchas pistas sobre una parte de nuestro pasado reciente. Ni apocalíptico ni integrado, simplemente una voz en primera persona que da la impresión de conocimiento profundo de las cosas, no exento de perplejidad. Emocionante y totalmente recomendable.

Albert Recio Andreu

La democracia es una cosa que se puede tocar

La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres calle por calle, árbol por árbol. La democracia es una cosa que se puede tocar, y que esta gente tuvo en sus manos durante días seguidos y noches enteras. Conseguir un colegio público en un barrio que no lo tenía; la construcción de un ambulatorio donde no llegaban los médicos; dejar una plaza sin edificar para que los niños jueguen; hacer un polideportivo para que el único deporte no sea apedrear perros; lograr que pase el autobús por donde no pasaba nada o que llegue el metro a donde no llegaba para poder ir al trabajo sin necesidad de pisar charcos, sin aguantar la lluvia y el frío de la madrugada, sin andar por los descampados que separaban el barrio de los transportes públicos, esa es la democracia que hicieron realidad esas gentes encerrándose en los locales de sus asociaciones de vecinos, encadenándose a verjas, cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando. La democracia es algo que se ve y se toca, y donde no se percibe es que no la hay. La democracia es ante todo una cosa de manobras porque en última instancia se hace con las manos. Y todo esto que ya está, los ambulatorios, las bocas de metro, los colegios públicos..., es también lo primero que se pierde cuando desaparece la gente que los ha traído. Quienes llegan detrás creen que eso lo pone la naturaleza, como las hierbas y los saltamontes. Pero lo pone la política, y las cosas hay que conquistarlas permanentemente. Lo primero que ha quitado el Gobierno de Convergència al recobrar el poder ha sido eso: bocas de metro, guarderías, maestros y hospitales públicos, porque las personas que los pusieron o se han muerto o ya no están para defenderse.

(Paseos con mi madre, Javier Pérez Andújar)

TMB51: Anàlisi i Alternatives

Durant el dia 10 de gener hi havia convocada una vaga d'usuaris de transport públic impulsada per un moviment ciutadà anomenat #TMB51 en record a la Vaga de Tramvies que hi hagué a Barcelona l'any 1951. Segons Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), el metro i els autobusos han registrat 5.200 validacions més que qualsevol altre dia laborable fins a les 16:00 fet que, deixant de banda la fiabilitat de la font, indica un seguiment molt feble de la convocatòria. No em detindré a analitzar el perquè de l'escàs seguiment de la vaga (ho vaig fer en aquest altre post) sinó a plantejar alternatives, que és el que toca.

En primer lloc hem de ser conscients de la particularitat del moment històric. A diferència d'altres períodes, la gestió de la crisi econòmica per part dels governs de la Unió Europea no suposa un atac parcial als nostres drets, sinó que afecta alhora a tots els pilars de l'Estat del Benestar així com a les polítiques de redistribució fiscal que havia caracteritzat el pacte de classes a Europa (resultat de la victòria antifeixista a la Segona Guerra Mundial i de les concessions davant l'amenaça del Socialisme). Aquesta dimensió global de les agressions que estem patint s'ha d'entendre com una oportunitat per connectar les diferents lluites parcials així com les estructures organitzatives que les sustenten. Tota lluita parcial ha de ser canalitzada pels instruments dels que ens hem dotat per dur a terme la resta de lluites (assemblees, sindicats i organitzacions polítiques).

En segon lloc hem de diferenciar entre el malestar per les polítiques que s'estan aplicant i el seu rebuig. Objectivament és evident que les mesures que s'estan aplicant compten amb el malestar de la gran majoria de la població però aquest malestar no es tradueix de forma immediata en rebuig ja que moltes persones consideren que les mesures són necessàries. És necessari, per tant,desmuntar la idea generalitzada de que "hem viscut per sobre de les nostres possibilitats" i ara ens toca, a tots, assumir-ne les conseqüències. La idea no s'aguanta per enlloc perquè ni vam viure tots per sobre de les nostres possibilitats durant l'època de creixement econòmic (Alberto Garzón assenyala, de fet, que el nostre salari real va disminuir) ni les mesures estan afectant a tothom per igual (el creixement de les ventes d'automòbils de luxe n'és un bon exemple). Si som capaços d'explicar això bé, podrem passar del malestar al rebuig.

Un cop hem aclarit el marc en el que ens trobem és el moment de pensar alternatives. Una possibilitat seria emmarcar la lluita pel transport públic en el que segon Carlos Martínez d’Attac Andalusia seria una Vaga General Ciutadana. Una altra possibilitat seria plantejar una mobilització pel transport públic que enfortís el teixit associatiu existent i, en particular, el moviment sindical i les assemblees. La idea consistiria, per un costat, en editar una T-Dia i vendre-la a un preu simbòlic (una mil·lèsima part del SMI), la venda aniria acompanyada de la recollida d’una signatura per part de la persona compradora i, per l’altre, en assolir un acord amb els treballadors del transport públic perquè no multessin les persones que utilitzessin de la T-Dia durant un dia concret. En cas en que, malgrat el suport dels i les treballadores, hi hagués multes, aquestes podrien ser cobertes amb els diners recaptats per la venda dels títols.

Per què no secundaré la vaga d'usuaris de transport públic del 10 de gener

Durant les darreres setmanes, la indignació davant l'augment de les tarifes del transport públic a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha canalitzat cap a un moviment ciutadà anomenat #TMB51 que, a través de les xarxes socials, reivindica una vaga d'usuaris del transport públic. Després de dies reflexionant-hi he decidit no secundar la vaga pels següents motius.

En primer lloc perquè les condicions han canviat molt des de 1951. La vaga de tramvies de 1951 esclatà en un context en què les vagues de treballadors estaven prohibides pel règim franquista de manera que la millor manera de protestar era realitzant una vaga d’usuaris que era més difícil de perseguir. La vaga convocada pel dia 10 de gener no parteix de l'anàlisi de quin és el millor instrument de lluita sinó de la nostàlgia per un moment històric del moviment obrer català.

En segon lloc perquè la vaga de 1951 va ser una vaga indefinida i el seu èxit va consistir precisament en la pèrdua d’ingressos de la companyia de tramvies (5 milions de les antigues pessetes, que actualment equivaldrien a 20 milions d’euros). Per fer-nos una idea de la magnitud de l’empresa, l’adhesió a la vaga va ser d’entre el 97 i el 99%. La vaga convocada pel dia 10 de gener no és una vaga indefinida i ni el més optimista dels impulsors pot preveure un seguiment significatiu de la mateixa.

En tercer lloc, perquè la vaga de 1951 va estar ben definida i acotada, és a dir, afectava únicament al transport en tramvia i no la resta de transport públic (cal notar que el tramvia constituia el principal mitjà de transport en els trajectes urbans de Barcelona). La vaga convocada pel dia 10 de gener és una vaga que afecta a tots els mitjans de transport públic sense haver avaluat de forma exhaustiva les alternatives als mateixos fet que comporta que per a molta gent sigui practicament impossible secundar la vaga d'usuaris sense absentar-se a la feina.

En quart lloc perquè l'espontaneitat de la vaga de 1951 responia a la repressió sistemàtica del Règim Franquista cap a qualsevol mena d'organització popular, mentre que la falta d'organització de la convocatòria pel 10 de gener respon, fonamentalment, a la precipitació dels convocants. La vaga, en una situació política com l'actual ha de ser la culminació d'un procés d'enfortiment organitzatiu per tal que aquesta rerverteixi en l'organització de les classes populars.

En cinquè lloc, perquè malgrat la indignació davant la pujada de les tarifes, existeix encara un consens a la societat catalana sobre la necessitat d’aplicar polítiques d’austeritat que es tradueixen en retallar la despesa social i augmentar els ingressos. Com diu molt encertadament Toni Salado en un recent article al seu bloc, “Més que radicalitzar les formes de la protesta per augmentar la seva resonància, cal donar-li un relat complet, polititzarla en el sentit de inserir-la en un discurs global que assenyali les causes i als principals responsables, els poders econòmics i financers, a més de denunciar als que executen els efectes, els governs conservadors”.

Per tots aquests motius no secundaré la vaga del proper dia 10 de gener, una vaga que respecto, que té uns objectius que comparteixo i que ha estat impulsada per companys i companyes que tenen tota la meva simpatia. Per tot això, crec que a partir del dia 10 de gener mateix, haurem de buscar noves fòrmules per denunciar les greus agressions que estem patint a Catalunya, fòrmules que permetin aglutinar a la majoria de la societat civil catalana, que la enforteixi, que la cohesioni i que l’organitzi.